El largo brazo de la mano negra por Daniel Samper Pizano 25 Junio de 2011 en el Tiempo

La Mano Negra, pues, no solo es una siniestra realidad, sino que actúa con métodos terroristas.

Hace dos semanas, el presidente Juan Manuel Santos denunció la existencia de “una Mano Negra de la extrema derecha”, que rechaza la reparación de las víctimas, la restitución de tierras a los campesinos y “quiere exagerar la inseguridad, para decir que este país es un caos”. También formuló una denuncia paralela respecto al ala terrorista de la extrema izquierda.

Estoy seguro de que el país habrá de recordar cada vez con mayor interés estas palabras de Santos.

Desde hace años circula el rumor de una Mano Negra que agrupa a personajes de extrema derecha decididos, inclusive, a emplear la violencia para imponer sus ideas acerca de la sociedad y el Estado. Se dice que de ella forman parte conservadores cavernícolas, militares, ex militares y sectores católicos ultramontanos. Los datos hablan, en forma vaga, de un pseudoideólogo que funge como profeta del grupo y hay quien sitúa su cuna en Santander.

Como recordaba el columnista Andrés Hoyos, al surgir hace medio siglo el Movimiento Revolucionario Liberal de Alfonso López Michelsen, este señaló la presencia de una desestabilizadora Mano Negra compuesta por empresarios a quienes acaudillaba Hernán Echavarría Olózaga. Después, la noción de la nefanda secta quedó flotando de manera imprecisa como una especie de espectro cuya vida real no estaba demostrada.

Pero no era una mera especulación. Basado en la información privilegiada que tiene un presidente, Santos no solo reconoce la existencia de la Mano Negra, sino que la sindica de hechos terroristas concretos. El 17 de junio señaló que el repudiable petardo contra el busto de Laureano Gómez en Bogotá no fue producto de las Farc, como se supuso, sino de la extrema derecha.

La Mano Negra, pues, no solo es una siniestra realidad, sino que actúa con métodos terroristas, algunos de ellos enderezados a despistar a las autoridades, por fortuna sin éxito. Hace falta, como dice un editorial de EL TIEMPO, que se investigue más sobre “la naturaleza conspiradora de la amenaza derechista” y que se identifique a sus cabecillas. Probablemente nos llevaremos aterradoras sorpresas.

Mafias municipales

Hace unos meses comenté la reforma constitucional que instituyó la elección popular de alcaldes. Dije que el país, con las más democráticas intenciones, había abierto una peligrosa puerta por donde se estaban colando mafias de toda índole, cuyo propósito era adueñarse de ciertos municipios mediante pactos de mutua ayuda con candidatos corruptos. El mecanismo es simple: un grupo armado o muy poderoso garantiza al candidato amigo su elección, la que logra intimidando a sus rivales o prestando dinero a su campaña. Una vez elegido, el alcalde paga el favor con contratos, tolerancia en materia de seguridad y otras concesiones.

Así funcionó en numerosos municipios, y así acaba de confirmarlo un juez de Cundinamarca al condenar a seis alcaldes de Casanare que tenían alianzas con paramilitares llaneros. Según la delegada de la Fiscalía, se trataba de “un acuerdo de coadministración, de adhesión política y de apego incondicional hacia la organización armada”. Las autodefensas ejercieron violenta presión sobre los votantes, lo que permitió que sus socios políticos ganaran las elecciones del 2003. A cambio, los alcaldes entregaron a los paramilitares el 50 por ciento del presupuesto de sus municipios y el 10 por ciento de todo contrato firmado.

El 30 de octubre -dentro de escasos cuatro meses- habrá elecciones locales en Colombia. ¿Qué precauciones se tomarán para evitar que municipios grandes y pequeños sigan cayendo democráticamente en manos de grupos armados, mafias y contratistas?

ESQUIRLAS. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, acusó a “funcionarios del gobierno anterior” de “pasar de entidades públicas a empresas privadas, con información privilegiada.” Ojalá Vargas Lleras suministre nombres. Aunque esta clase de deberes corresponden también, en una democracia, al periodismo fiscalizador.

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